Aún desconocen quién es el padre del bebé. Según la investigación, los hombres sacaban un rédito económico de la explotación sexual de la menor.
Una causa por abuso sexual y posible prostitución, que se destapó tras conocerse el embarazo de una menor de 13 años, está siendo investigada en el Sur provincial. Un padre, un hermano y un amigo de la familia están privados de su libertad sospechados de haber vejado a la niña pero todavía no se ha podido determinar quién fue el que produjo la gestación, según publicó Diario Uno.
El caso llegó a manos de la Justicia en los primeros días de marzo pasado y sacudió a la comunidad de Bardas Blancas, ubicadas al sur de la villa cabecera de Malargüe. En una escuela de esa localidad se enteraron de que una de sus alumnas estaba cursando un embarazo. Al tratarse de que era una menor de 13 años, notificaron a las autoridades judiciales y se inició una investigación que quedó a cargo de la fiscal departamental Andrea Lorente.
La pesquisa reconstruyó que la menor vive en un puesto rural junto a su padre de 53 años, su madre y dos hermanos – una mujer y un joven de 23 años-. Se le dio intervención a los equipos interdisciplinarios de profesionales que constataron una situación de extrema vulnerabilidad de la niña y lograron los primeros testimonios previos a la declaración en cámara Gesell, según la nota publicada por Diario Uno.
En esa primera instancia de la investigación surgió la sospecha de que otro puestero, que solía acudir a la casa de la víctima para llevarle carne a su familia, sería quién habría cometido el abuso sexual. Este individuo, de 27 años, fue detenido a fines de marzo y quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal en indeterminada cantidad de hechos. Es que la víctima refirió que era su «novio» pero luego, al profundizar el abordaje de los profesionales, se encontraron indicadores de violencia sexual bajo la anuencia de los familiares de la chica.
La menor decidió no realizar una interrupción legal del embarazo (ILE) y dar a luz al bebé, aunque luego quedó a cargo de una familia cuidadora para avanzar en el proceso de adopción, según comentaron fuentes judiciales. La criatura nació en los primeros días de junio y se extrajo un rastro de su ADN para cotejarlo con el sospechoso. El resultado fue negativo.
Con esta novedad más la declaración en cámara Gesell de la niña, en los primeros días de julio la Fiscalía decidió detener a su padre y a su hermano mayor, quienes también fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia -de 8 a 20 años de cárcel-.
Es que los nuevos datos de la investigación apuntaron a que estos hombres habrían participado de los vejámenes y hasta que sacaban un rédito económico de la explotación sexual de la menor.
Si bien resta un nuevo cotejo genético que pueda determinar si el bebé fue fruto de algunos de esos ataques incestuosos, los investigadores creen que más allá de la paternidad existen pruebas suficientes para considerar que los tres sospechosos cometieron abusos, por lo que solicitó la prisión preventiva.
El juez Juan Ignacio Olmedo ordenó que los imputados sigan privados de su libertad aunque en modalidad domiciliaria, por lo que pudieron salir de la Unidad Penal X El Cerrito, ubicada en San Rafael.
Fuente: Diario Uno.
