Al concluir la averiguación de la Oficina de Investigaciones Administrativas contra los intendentes Destéfanis y Ojeda por la designación de parientes, resistida por ambos, se abriría una nueva instancia en el máximo tribunal.
La Oficina de Ética Pública solicitó a la Fiscalía de Estado evaluar la posibilidad de llevar a juicio a los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Juan Manuel Ojeda (Malargüe) por nombrar a familiares en el Estado, lo que configuraría presuntos casos de violación a la Ley de Ética Pública, en lo que se conoce como nepotismo, según informó Diario El Sol.
La Oficina de Investigaciones Administrativas remitió en los últimos días los expedientes de Destéfanis y Ojeda, en donde se los emplazó a revocar la contratación de Adriana Aveiro (madre de la intendenta) y de César Marcelino Ojeda (hermano del jefe comunal). De las actuaciones se desprende que estos nombramientos están por fuera de lo que establece la Ley 8.993.
Según la norma, los funcionarios “no podrán designar parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o tercero de afinidad para que presten servicios en la repartición de su cargo, salvo que cumplan con el requisito de idoneidad debidamente acreditado”.
Para la jefa comunal justicialista su mamá cuenta con la aptitud por ser abogada y tener una amplia trayectoria para el cargo de asesora letrada de la municipalidad. Pero para la Oficina de Investigaciones Administrativas no lo acreditó a través de un concurso, donde se determinase que era la más apta de otros postulantes.
Lo mismo para el caso calcado de Ojeda que designó a su hermano al frente de la secretaría de Desarrollo Rural, Ciencia, Tecnología e Innovación, aunque no hubo una terna donde se evaluaran otros aspirantes.
Según publicó El Sol, con la pandemia de coronavirus se diluyó la polémica y el escándalo mediático que saltó apenas asumieron en sus intendencias, pero las causas recayeron a la Fiscalía de Estado tomando un nuevo impulso.
Desde la entidad explicaron que solicitaron los expedientes completos para hacer un análisis profundo de los casos. El organismo podría inclinarse por llevar el planteo a la Suprema Corte de Justicia para que se caigan estos nombramientos o bien desestimar lo resuelto por la Oficina Anticorrupción.
Aunque, también hay otras instancias intermedias como la rescisión de los contratos, antes de llegar a la última instancia que es el juicio.
Fuentes de Ética Pública recalcaron que las investigaciones están concluidas y la Fiscalía de Estado tiene la potestad de iniciar la acción legal en defensa de los intereses de los mendocinos.
Fuente: Diario El Sol.