Entre la víctima y el acusado llegaron a un acuerdo, por lo que no continuó la acción penal.
Un funcionario de Malargüe denunció que estaba recibiendo amenazas, por lo que inmediatamente comenzó una investigación para dar con el sospechoso. Si bien no transcendió la información oficial pero lo sabuesos habrían realizaron un allanamiento en la casa del sospechoso, donde lograron reunir pruebas para sumar a la causa.
El involucrado, que realizó las amenazas, también sería un funcionario local. Se lo acusaba de amenazas y coacción.
Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo. Puntualmente hubo una solución de conflicto de conformidad al Artículo 5, del Código Procesal Penal. Ante ello, no continuó la acción penal.
La información no trascendió de fuentes oficiales y la víctima tampoco quiso hacer declaraciones, ni que se dé a conocer su identidad.
